Tegucigalpa, Honduras.
Desde que el modelo de la franquicia o exoneración fiscal se adoptó en Honduras como un instrumento orientado a “estimular” la inversión nacional y extranjera, la economía nacional, ha venido experimentando un debilitamiento progresivo, provocado por la explotación intensiva y estéril de los recursos nacionales, tanto materiales, como humanos.
En virtud de este “drenaje” de la riqueza nacional, desde hace varias décadas, tanto instituciones de la sociedad civil, organismos técnicos especializados, como analistas económicos individuales, han venido clamando por la revisión de la política de exoneraciones fiscales predominante en el país.
Esta demanda social se sustenta en la convicción de que la forma abusiva e irresponsable en que se he venido aplicando este instrumento económico, no solamente implica un enorme e inútil sacrificio fiscal para el Estado, sino que también refleja el irrespeto de la norma constitucional de que todos los hondureños son iguales ante la ley y por lo tanto deben ser tratados bajo esa primicia.
Fuga de Recursos
El criterio generalizado entre los grupos de opinión mencionados, es que la exoneración fiscal en Honduras, está íntimamente ligado a la evasión de impuestos por parte de algunos grupos privilegiados, con el consecuente deterioro de la calidad de vida para las grandes mayorías de la población.
Solo el año pasado, el fisco hondureño dejó de percibir, poco más de 40 mil millones de lempiras, en concepto de exoneraciones fiscales otorgadas a empresas e instituciones públicas y privadas, incluyendo diversos sectores productivos.
Para los analistas, esta política estatal, de diversos gobiernos, es contradictoria con la presunta determinación de los mismos de luchar contra la evasión fiscal y aplicar el cobro efectivo de los tributos.
Según cifras de la Secretaría de Finanzas, para mediados de 2015, el sacrificio fiscal para el Estado de Honduras, por la vía de las franquicias fiscales ascendía a poco más de 18 mil millones de lempiras, cifra que habría superado en 50 por ciento la registrada en 2014.
Lo lamentable en esta situación es que gran parte de estas impresionantes cifras, son generadas por instituciones del Estado, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, las Secretarías de Seguridad y Defensa, para solo mencionar algunas.
…Y el sector privado también
En el sector privado, el saqueo tributario, por medio de la exoneración fiscal, no es menos dramático para la economía nacional.
Entre los grupos que más se benefician con éste instrumento de “incentivo” a la inversión nacional y extranjera, están las comidas rápidas, la industria turística y los medios de comunicación.
Para algunos analistas, estos últimos son los que menos justifican el goce de estas prerrogativas, por cuanto sus inversiones son mínimas y la generación de empleo es insignificante, de hecho en los últimos años, más bien han reducido sus puestos de trabajo.
Hay casos, según fuentes vinculadas a los medios de comunicación, que aseguran que sus propietarios utilizan las franquicias para importar artículos suntuarios, desde efectos personales, hasta vehículos y menaje para sus residencias personales, declarando que son para sus empresas periodísticas.
También gozan de franquicias la línea hotelera, empresas especializadas en la comercialización de pinturas, las rentadoras de vehículos, gimnasios, firmas de abogados, entidades religiosas, lavanderías y hasta agencias de bienes raíces gozan de franquicias.
Aunque se supone que la Secretaría de Finanzas y la autoridad tributaria, hasta hace poco denominada Dirección Ejecutiva de Ingresos, tienen un control efectivo de los contribuyentes que gozan de franquicias, en la realidad no se cuenta con un registro científico de los beneficiados.
En virtud de la falta de ese registro la cifra de pérdida de recursos por la vía de las franquicias o exoneraciones, son realmente incalculables.
En recientes declaraciones a medios de comunicación, la sub secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, admitió que el sacrificio fiscal en concepto de exoneraciones, asciende a los 30 mil millones de lempiras.
Organismos técnicos y economistas nacionales, estiman que como el cálculo incurre en el campo de la especulación, la cifra bien podría ser superior, es decir hasta unos 40 mil millones de lempiras, ya que las franquicias se otorgan sin ningún control.