Tegucigalpa, Honduras.
Una firma de abogados de Estados Unidos advirtió ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) que interpondrán una demanda contra el Estado de Honduras ante una Corte Federal de ese país, ante la negativa del gobierno de no hacerles efectivo el pago de una indemnización por haberles expropiado hace 14 años un terreno donde se construyó la pista de aterrizaje del aeropuerto de Utila, Islas de la Bahía.
La amenaza fue planteada ante el Conadeh por el abogado Roberto Alonso de la Rocha, junto a los afectados Frederick Bush Williams y Dorris Lucille Howell, de nacionalidad estadounidense, que llegaron a denunciar la violación del debido proceso en el pago de una indemnización, considerando los “actos administrativos ilegales, abusivos, arbitrariosy discriminatorios” en contra de ellos.
Según se informó, de la Rocha, detallo que en seguimiento a su demanda, la denuncia fue presentada contra la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y la Procuraduría General de la República (PGR), porque desde hace 14 años no se les ha cumplido el pago a sus derechos de propiedad.
De acuerdo al relato de los ciudadanos estadounidenses, que residen en Utila, en el año 2001, la entonces Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), de manera ilegal, procedió a construir, en parte de un terreno de su propiedad, la pista de aterrizaje de Utila, Islas de la Bahía.
Dijeron que el 26 de noviembre del año 2009 SOPTRAVI, mediante resolución administrativa, que consta en el expediente número 055-2004, reconoció el pago por el reclamo administrativo a que tienen derecho en la indemnización de unos 8 millones de lempiras, por la expropiación del terreno.
Sin embargo, 2 años, 4 meses y 2 días después, funcionarios de SOPTRAVI ahora INSEP, junto con la PGR, de manera ilegal, arbitraria, dolosa, abusiva, con ignorancia inexcusable, procedieron a emitir varias providencias y dictámenes en claro abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, violentándoles derechos constitucionales como el de la propiedad privada y el pago de un justiprecio por expropiación.
En su testimonio, los estadounidenses relataron la pretendida intensión de las autoridades hondureñas de desconocer y anular la resolución de pago por la indemnización en la expropiación de su terreno aduciendo que es propiedad del Estado de Honduras, lo cual consideran que es completamente falso.
Advierten que tesis de funcionarios hondureños alejaría inversiones
El apoderado legal de los afectados, Roberto de la Rocha, calificó como una “tesis equivocada” la manejada por las autoridades gubernamentales en el sentido que, en Islas de la Bahía, nadie tiene propiedad privada porque aducen que todas pertenecen única y exclusivamente al Estado.
Declaró que si ese tipo de tesis prevaleciera, traería enormes consecuencias para el país, ya que hay personas que han hecho inversiones en hoteles, viviendas y eso quedaría en una “laguna jurídica”.
De la Rocha alertó a la Cámara Nacional de Turismo que si llega a prosperar este yerro jurídico donde nadie es dueño de nada en Islas de la Bahía se pueden ir las inversiones porque nadie va a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica y sus inversiones quedaran en el aire.
Agregó que es importante que el Presidente de la República conozca lo que están haciendo cuadros intermedios de su administración en perjuicio del país.
Estadounidenses se sienten discriminados
Los afectados se quejaron que de acuerdo a un dictamen emitido por el INSEP, se reconoce y dictamina la firmeza y eficacia de la resolución y que también procede el pago del reclamo administrativo, sin embargo, emitieron otro dictamen con la intención de desconocer la resolución de pago.
Además, denunciaron que funcionarios de INSEP, de manera maliciosa, dolosa, abusiva, con ignorancia inexcusable, sin esperar el término legal de 10 días exigido por la ley de procedimiento administrativo, enviaron el expediente a la PGR, dejando a las víctimas sin derecho a la Defensa y sin acceso al expediente.
En la queja presentada ante el CONADEH, los estadounidenses condenaron el acto discriminatorio del que son objeto por parte de la administración pública y en especial del INSEP.
Relataron que las autoridades del INSEP y la PGR están en el proceso administrativo de pago y ya conformaron una comisión valuadora.
Dicha comisión está integrado por personal de la PGR, la Dirección de Bienes Nacionales y el Tribunal Superior de Cuentas, a efecto seguir con el proceso de pago por indemnización en la expropiación de un terreno propiedad de otro ciudadano, en donde se construyó la pista de Utila.
Cómo es posible, se preguntaron los estadounidenses, que a este señor siendo colindante con nuestro inmueble, si se le reconoce el pago por la expropiación y, a nosotros, además de no cumplirnos con el pago, también pretenden quitarnos nuestro terreno violentándonos el derecho a la propiedad privada, y el derecho a la igualdad garantizada por la Constitución de la República.
Los denunciantes argumentaron que son descendientes de súbditos de la Reina Victoria de Inglaterra, quien mediante tratado de 1858 regresó las tierras de Utila al Gobierno de Honduras con la condición de respetar las posesiones de sus ancestros poseedores de estas tierras.
De acuerdo al documento presentado en el CONADEH, con las acciones tomadas por las autoridades hondureñas en contra de los estadounidenses se violenta la Constitución de la República, la Ley de Expropiación Forzosa, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley General de la Administración Pública.
Además se violenta el Tratado celebrado entre la Reina Victoria de Inglaterra y la República de Honduras (26 nov-1858), el Tratado suscrito entre EEUU- Honduras, “relativo al fomento y la protección recíproca de la inversión” y el Tratado de Libre Comercio, que considera las inversiones de ciudadanos estadounidenses en bienes raíces, como inversiones cubiertas.