Tegucigalpa, Honduras.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, lamentó este sábado que miles de familias hondureñas sigan siendo obligadas a emigrar de sus lugares de origen hacia diversas partes del país, de la región centroamericana y otros países, “asfixiados” por la falta de oportunidades, la violencia y el accionar del crimen organizado.
El ombudsman hondureño, es del criterio que independientemente del problema, al final todas las personas se convierten en migrantes forzados que tienen que pasar una serie de dificultades para llegar a sus lugares de destino.
Se estima que entre el 2004 y el 2014 más de 41 mil familias de diversos municipios del país se vieron en la obligación de desplazarse forzosamente por razones de violencia e inseguridad y por el accionar de grupos delincuenciales y del crimen organizado.
Es un fenómeno en el que se vulneran los derechos humanos de los habitantes, y eso tiene su origen en la falta de oportunidades así como en la coyuntura de violencia y delincuencia que experimenta Honduras en la actualidad, declaró.
Explicó que esa vulneración de derechos se da porque el Estado no asegura condiciones de seguridad apropiadas para que las personas permanezcan en sus hogares libres de amenazas.
Son lamentables, dijo Herrera Cáceres, los desplazamientos forzosos generados por la falta de oportunidades para que las personas puedan salir de la pobreza.
Expresó que esa “asfixia” en que se encuentran, miles de familias hondureñas de no poder atender sus necesidades básicas, los obliga también a desplazarse forzosamente a otras partes del territorio en busca de posibilidades que tampoco logran encontrar.
Se estima que más de un millón de hondureños viven en su mayoría en Estados Unidos, otro tanto en Canadá, España y otros países de la región.
En el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el 2015, entregado al Congreso Nacional, el CONADEH establece que constantemente recibe quejas de personas, en los distintos departamentos, que quieren salir del país porque son amenazados, situación por la cual ha solicitado medidas cautelares para salvaguardar la integridad física de las personas afectadas.
No obstante, considera que muchas veces esas medidas no son suficientes debido a que en el país hay un alto grado de impunidad y eso hace que las personas no confíen en las autoridades y prefieran desplazarse.
Añade que la amenaza constante y el control que tiene el crimen organizado sobre ciertas áreas, hace que esos sectores de delincuencia ocupen las tierras que ellos necesitan para sus propias tareas de su actividad empresarial ilícita y obligan a la gente a salir.
También hace referencia que las maras o pandillas ocupan las casas y obligan a las personas a salir para luego utilizarlas supuestamente para cometer crímenes dentro de ellas.
Otra de las preocupaciones señaladas en el informe es que si dentro de las familias, los jóvenes no aceptan ser reclutados por las maras o por el crimen organizado se les amenaza y no solo se elimina a la persona que se negó sino que a toda la familia, por eso el temor cunde y tienden a buscar desplazamientos.
Si bien en Honduras hay una Comisión Interinstitucional para la atención de las personas desplazadas por la violencia, en el país no hay lugares especiales para ubicarlas y poder salvaguardar su integridad física y su vida.
El ombudsman hondureño confió en que actualmente se estructuran líneas de acción para inducir o incidir en el Estado para que atienda las causas estructurales, principalmente en aquellos municipios donde existe mayor desplazamiento de personas hacia otros lugares del territorio o hacia el exterior.
Actualmente, personal de las oficinas departamentales y regionales del CONADEH, a nivel nacional, se capacitan para orientar a las personas que se ven obligadas a migrar forzosamente pero también para crear condiciones de vida diferente en cada uno de los municipios con la participación de las comunidades.
“Ese es el tema central de nuestro Plan de Acción Vanguardia de la Dignidad Humana, introducir posibilidades de desarrollo sostenible con la cooperación del gobierno nacional, la comunidad y la cooperación internacional”, precisó Herrera Cáceres.
El CONADEH y el Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Refugiados (ACNUR), firmaron en 2015, una Carta de Entendimiento encaminada a prevenir las causas del desplazamiento y a proteger a las personas desplazadas por la violencia en Honduras.
La Carta incluye la protección y la integración local de personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y otras que requieren protección internacional, particularmente en personas con mayor vulnerabilidad y con necesidades de protección específicas como los niños y adolescentes no acompañados o separados, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, y víctimas de trata.
A nivel de Centroamérica existe preocupación por los desplazamientos forzados en la región, de forma particular en Guatemala, Honduras y El Salvador, países donde es imperativa la necesidad de mayor voluntad política para atender integralmente a las víctimas de desplazamientos forzados o que solicitan asilo o refugio en otros países.
En su condición de Presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH), Herrera Cáceres, exhortó a los gobiernos de Centroamérica a reconocer la existencia de desplazamientos forzados por la violencia y la delincuencia como una grave problemática de carácter regional.