Tegucigalpa, Honduras.
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, se reunió ayer con el titular de la oficina delComisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, a quien dijo estar interesado en conocer los tipos de denuncias que la ciudadanía formula en el contexto de la violación a sus prerrogativas.
Se indicó que la llegada del relator especial de la ONU se centra en la situación actual que incluyen las denuncias de homicidios,atentados y actos de intimidación contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados.
La visita del experto incluirá Tegucigalpa y San Pedro Sula y su agenda incluye reuniones con funcionarios del gobierno, instituciones del Estado, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y locales, y líderes de la sociedad civil.
Herrera Cáceres manifestó a Heyns que recientemente entregó al Congreso Nacional el informe anual de la situación de derechos humanos en el país y en el mismo se detalla que el Conadeh recibió, en el 2015, un total de 11 mil 189 denuncias y de estas, 3,692 que representan el 33 por ciento, fueron por presuntas violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal.
Asimismo, alrededor de 982 denuncias recibidas con respecto al derecho a la vida son por amenazas a muerte, por lo que Herrera Cáceres reiteró su preocupación por la situación de pobreza y de exclusión social que se vive en el país desde hace muchas décadas y que hoy se ve agravada por la presencia del crimen organizado, la corrupción y la impunidad.
Según el Conadeh entre el 2001 y el 2015 murieron en circunstancias violentas 63 personas ligadas a medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales y propietarios, de los cuales el 95 por ciento de los hechos se encuentra en la impunidad.
En lo que respecta a los profesionales del derecho, el Conadeh registra, entre el 2010 y lo que va del 2016, alrededor de 110 abogados muertos en circunstancias violentas, con un porcentaje superior al 90 por ciento de impunidad. (SA).