Tegucigalpa, Honduras.
El procurador general de la República, Abraham Alvarenga, informó que el Estado de Honduras, deberá indemnizar con aproximadamente 900 mil dólares a los magistrados que fueron destituidos en 2009, con motivo del derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya, y en virtud de una sentencia definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Existe una sentencia del año anterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de los jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones, ya hay una sentencia definitiva a la que hay que darle cumplimiento con los plazos que determino la misma Corte”, dijo Alvarenga.
El funcionario explicó que la Corte de Derechos Humanos, establece que hay que hacer las publicaciones de las respectivas sentencias en los periódicos de circulación nacional y que se pague las indemnizaciones correspondientes a más tardar un año después de la sentencia.
“La indemnización por daños materiales y morales asciende a los 900 mil dólares, pero corresponde a la Corte Suprema de Justicia hacer la ejecución de la misma. Lo prudente es que el Estado cumpla en el tiempo determinado”, indicó el funcionario.
El caso se refiere a los procesos disciplinarios realizados en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, como consecuencia de estos procesos los cuatro jueces fueron destituidos, y tres de ellos separados del Poder Judicial.
El Procurador General de la República informó que espera no seguir teniendo más demandas y que en la actualidad tienen alrededor de tres mil demandas que se manejan en un término de 10 años y unos siete mil millones de lempiras que mantienen en disputa en los tribunales de justicia.
