Tegucigalpa, Honduras.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) estudia abrir una línea de investigación sobre la red de corrupción pública ligada al tráfico de indentidades y ceriticaciones sde nacimiento en el Registro Nacional de las Personas (RNP), informó ayer a www.QuienOpina.com una fuente oficial de dicho organismo.
“Como línea de investigación, sí es de interés (para la Maccih) investigar el tema de las identidades como problema de corrupción pública”, informó a este diario un representante de la referida instancia que pidió mantener su nombre en reserva.
Ahondó que la Maccih tiene claramente definidas sus líneas de acción y las investigaciones de alto impacto que estarán bajo su foco de atención en los próximos meses; sin embargo, por tratarse de un asunto de interés colectivo y de corrupción pública, el tráfico de identidades es un caso que se puede someter a investigación en el corto plazo.
La fuente explicó que cualquier investigación en ese sentido no se centraría solamente a lo de identificación de palestinos y sirios, sino que sería mucho más amplia e integral en el abordaje del tráfico de identidades en esa dependencia del Estado hondureño.
La Maccih es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) creado mediante acuerdo con el Estado de Honduras para investigar casos de alto impacto en el país y para acompañar y asesorar al sistema de justicia de Honduras en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad.
Este organismo está facultado a tener pleno acceso a información, documentos oficiales, bases de datos, registros públicos y archivos para acompañar activamente la investigación y persecución de casos que involucren redes de corrupción en el país.
Bajo ese contexto, la Maccih tendría amplio acceso a todos los documentos relacionados con el caso y que actualmente se encuentran en poder de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y el Ministerio Público.
Una amplia investigación periodística de Diario www.QuienOpina.com publicada en las últimas semanas desnudó la red de corrupción que documentó irregularmente a ciudadanos de origen árabe, alterando para ello la base de datos de cientos de hondureños inscritos en el registro civil.
La mayoría de las adulteraciones se efectuaron en los registros civiles de las ciudades de Siguatepeque y Comayagua, en el departamento del mismo nombre, pues se detectó que a la mayoría de árabes inscritos se les asignó los códigos 0301 y 0318, correspondientes a la nomenclatura de esos municipios. Paralelamente a esta situación irregular, www.QuienOpina.com reveló que autoridades actuales y anteriores del RNP también autorizaron la inscripción de decenas de palestinos bajo la figura jurídica de Incorporación de Hondureños Nacidos en el Extranjero (IHE), pese a que muchos no cumplían con los requisitos legales para adquirir la nacionalidad.
Crearán comisión
José Alfredo Saavedra, diputado liberal, catalogó el hecho como un tema sensible, complicado y trascendental que vincula a la seguridad nacional, incluso la externa; y es necesario que el Congreso haga uso de la función contralora que establece la Constitución.
Dijo que su bancada se pronunciará para que se integre una comisión multipartidaria que investigue este escándalo.
“Es decir, que se proceda a nombrar una comisión multipartidaria para iniciar las investigaciones de manera objetiva, imparcial y sobre todo de forma exhaustiva, de tal forma que ese tema y otros pudiesen ser investigados”.
Esta comitiva se estaría nombrando después del 5 de julio, que es cuando regresan a sesionar los diputados luego del receso de medio año.
Aclaró que esta situación no debe convertirse en una cacería de brujas ni en una oportunidad para hablar de asuntos partidarios, porque es de interés nacional. Según el parlamentario, con este escándalo el país se ve ante la comunidad internacional como una nación donde hay una enorme inseguridad jurídica en el quehacer de sus instituciones.
“Eso se ve como un problema serio porque resta credibilidad de nuestro proceso de identificación”.
Doris Gutiérrez, legisladora del Pinu, consideró que este es un problema grave porque aparte de dejar una mala imagen del país, la falsificación de documentos es un delito.
“Hay que encontrar a los responsables, pero llegando hasta el más alto nivel porque muchas veces se lleva a la cárcel al que maneja la computadora o entregó la identidad, pero no quien dio la orden”, concluyó.