Tegucigalpa, Honduras.
Decenas de cuerpos enterrados de manera clandestina, por criminales que buscan evadir la justicia, han sido encontrados a nivel nacional en al menos 33 fosas o cementerios ocultos en lugares rurales, remotos y “zonas calientes” de diez departamentos del país, según informes en poder de autoridades competentes en la Policía Nacional, Secretaría de Seguridad y Ministerio Público (MP).
Agentes policiales con amplia experiencia y carrera en investigación criminal, aseguran que una buena parte del territorio nacional podría estar “minado” de cadáveres que aún no son descubiertos y cuyos casos se mantienen en impunidad, a falta de información precisa o una evidencia que los lleve a verificar zonas probables de sepulturas clandestinas.
El pasado sábado 9 de julio, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informaron sobre el hallazgo de una fosa clandestina en el sector de La Acequia, cerca de la aldea San José de la Sierra, municipio de Quimistán en el departamento de Santa Bárbara, en donde estarían enterrados los cuerpos de seis personas, supuestamente ejecutadas por pandilleros.
Hasta el momento, en el terreno que era ocupado para el cultivo de plátanos, han sido desenterrados tres cadáveres por parte del personal de Medicina Forense de San Pedro Sula, con ayuda de familiares y amigos de las presuntas víctimas.
Se logró este hallazgo, luego que la DPI realizó la captura de tres supuestos pandilleros: Milton Yovani Zaldívar Hernández, Edwin Adonay Hernández Adriano y Heidi Lorena Milla Melgar, a quienes se les decomisó un fusil AK-47, dos pistolas y municiones de diferentes calibres. Fueron detenidos cuando merodeaban el sector y huían ante la presencia policial.
Esto sucedió apenas habían trascurrido once días del hallazgo de osamentas humanas adentro de una cueva ubicada en un sector lejano boscoso de la aldea San Andrés Bocay en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho. Militares en compañía de personal forense llegaron al sector, el cerro Kililinka, producto de una denuncia.
En ese entonces, la directora del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Semma Julissa Villanueva, anunció la conformación de un equipo multidisciplinario de arqueólogos, antropólogos y expertos forenses de Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, entre otros, para iniciar el estudio en los próximos días, ya que se supone los restos podrían tener unos cien años.
Otro hallazgo reciente de fosas clandestinas fue el 24 de mayo, cuando miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) llegaron, producto de una denuncia, hasta una montaña de la colonia Los Pinos, en Villanueva, Cortés, donde estarían sepultadas cinco víctimas, de las cuales solo se encontraron tres en una excavación.
Datos escalofriantes de saña y maldad extrema
El Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público (MP), es el ente encargado de la realización de las exhumaciones de todo el país, y se ha distribuido el territorio nacional entre sus tres sedes en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
En cuatro años unas 345 exhumaciones se realizaron en Tegucigalpa, de las cuales el seis por ciento fueron producto de denuncias y hallazgos de fosas clandestinas, siendo 21 casos los que entraron en investigación por los fiscales del Ministerio Público (MP) en el periodo de 2010 al 2014.
En la región norte, personal forense ha realizado de 2014 a la fecha exhumaciones, la mayoría de fosas clandestinas. En 2015 y 2016 se han descubierto casi una decena fosas clandestinas, para el caso se siguen exhumando cuerpos de San José de la Sierra en Quimistán, Santa Bárbara.
Entre las pesquisas preliminares que realiza el personal forense, han detectado que los criminales antes de enterrar a sus víctimas han intentado en muchas ocasiones quemarlas completamente, expandir sus extremidades por diversos puntos, acelerar la etapa de descomposición del cuerpo con algún químico e incluso hasta desenterrar las osamentas para cambiarlas de lugares y que el “brazo” de la justicia nunca llegue a ese alcance.
Los casos han sido referenciados por el centro forense, siendo Francisco Morazán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, Cortés, Intibucá, Olancho, Colón, Islas de la Bahía y Yoro en donde se han ubicado las fosas clandestinas y el mayor número de exhumaciones.
La mayoría de los esqueletos u osamentas encontrados corresponden a hombres en las edades de 14 a 46 años, mujeres y niños en menor cantidad, todos con evidencias mínimas de torturas, dependiendo de los estados de descomposición.
En varios casos, se ha podido registrar que las víctimas fueron no solo atacadas con armas de fuego, sino que recibieron heridas en sus extremidades ya sea con armas blancas e incluso rocas, posiblemente habiendo cavado las “tumbas” las mismas víctimas.
Incluso se han encontrado cadáveres incompletos, sin sus prendas de vestir, cráneos rotos, aparentemente en vida los cuellos de las víctimas habrían sido enrollados de trapos y cabuyas por algunas escasas señales en la escena del crimen, ataduras de manos e incluso en las fosas se han encontrado objetos cortopunzantes con los que posteriormente los investigadores presumen maltratos o violencia extrema de los criminales, antes de acabar con sus víctimas.
Sumado a lo anterior, el hallazgo de decenas balas en donde yacía un cuerpo, son parte de las evidencias que dejan los criminales, que aunque hayan enterrado al portador de los balines, cuando este es consumido por el tiempo quedan a la vista en todas las exhumaciones.
Limitantes ante demanda
La demanda de exhumaciones a nivel nacional ha hecho notoria las limitantes con las que trabaja el personal de medicina forense de Honduras y muestra de ello es que los mismos empleados exigen indumentaria y hasta palas, piochas y auxilio policial del que carecen en varias escenas de crimen a las que acuden.
Se conoció por los mismos afectados, que en el caso reciente de La Acequia, Santa Bárbara, tuvieron que solicitar herramientas prestadas desde Tegucigalpa, ya que en la sede regional de Medicina Forense del MP, apenas contaban con una pala y una piocha, aún cuando esta dependencia estatal cubre toda la zona noroccidental.
Mensualmente el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibe de las instancias fiscales y judiciales entre cinco a doce solicitudes de exhumaciones, en cada una varía el número de cuerpos a desenterrar y para esta labor es necesario un médico, un fotógrafo, un técnico disector, un auxiliar de morgue, un odontólogo, un psicólogo y el motorista.
Pero la realidad, es que en muchos casos hasta el médico tiene que abrir la fosa con pala y piocha en mano a falta de ayuda, incluso hasta hace la labor de fotógrafo y psicólogo forense; el técnico ayuda a cargar las osamentas con el auxilio del motorista. Sumado a esto, carecen de indumentaria adecuada tipificada en protocolos internacionales y en legislación nacional.