Tegucigalpa, Honduras.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunió en Gracias, Lempira, donde los magistrados resolvieron los temas relacionados a la asignación de jueces naturales en casos contra altos funcionarios del Estado y la ampliación del trabajo jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial.
También fue designado el magistrado que estará conociendo el proceso de extradición contra el ciudadano hondureño Roberto de Jesús Soto García cuya solicitud fue enviada en los últimos días por el gobierno de los Estados Unidos actuando en su condición de estado requirente.
De la misma manera, fue conocido el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra David Joseph Lettere lzaccaro Morlacchi, Pedro Rigoberto Fernández, Ángel María García Gálvez, Sebastián Pacheco, Héctor Danilo Olivares, José Heriberto Díaz, Saida Jeaneth Velásquez, Hernán de Jesús Flores, Ismael Bustamante Moreno, Eva Ruth Benegas, José Armando Loga y Marco Antonio Madrid, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio del Estado.
Para este expediente estará conociendo como Juez Natural de primera instancia el presidente Rolando Edgardo Argueta Pérez y, como Corte de Apelaciones, los magistrados Miguel Pineda, María Fernanda Castro y Edwin Ortez.
Esta causa será conocida bajo el procedimiento especial contemplado en el Código Procesal Penal para altos funcionarios del Estado dada la condición de diputado suplente de Pedro Rigoberto Fernández.
Por otra parte, conocieron el expediente contentivo de una querella promovida por Jaime Erick Rodríguez Ordóñez, en su condición de apoderado legal del empresario Vicente de Jesús Carrión, contra la diputada Delia Beatriz Valle Marichal, por injurias constitutivas de difamación.
En este caso, el Tribunal de Sentencia quedó conformado por los magistrados Jorge Abilio Serrano, Rolando Edgardo Argueta, Rina Auxiliadora Alvarado y como cuarto juez, Reynaldo Antonio Hernández.
Otro de los temas abordados en la reunión de Gracias, es lo relativo a la creación del Juzgado de Letras del Municipio de Lepaera, propuesto por el presidente, quien es oriundo de ese lugar.
En ese sentido, el pleno resolvió crear ese juzgado con cobertura en los municipios de Lepaera, Talgua, La Unión, San Rafael y Las Flores con lo que se beneficiará a más de 80 mil habitantes del norte del departamento de Lempira.
Otro de los puntos aprobados es la elevación de la cuantía en las causas conocidas por los Juzgados de Paz Civil, de 50 mil lempiras a 100 mil lempiras, lo que beneficiará enormemente a la ciudadanía en relación a este tipo de demandas.
Como parte del proceso de decisiones, se conformó el Comité Técnico Jurídico para la redacción del borrador del anteproyecto de ley del nuevo Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial el cual estará coordinado por las magistradas Lidia Álvarez Sagastume y María Fernanda Castro Mendoza.
Además, se conformó el Comité Técnico Jurídico para actualizar la Ley Orgánica del Poder Judicial en armonía con la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales (LOAT) tiene ya 110 años de antigüedad. Este comité será coordinado por los magistrados Reynaldo Antonio Hernández y Edgardo Cáceres Castellanos.
Cada uno de los Comités anteriores estarán igualmente compuestos por cinco técnicos de diferentes unidades del Poder Judicial como ser de los Juzgados y Cortes, de la Defensa Pública y de la Escuela Judicial, entre otros.