Tegucigalpa, Honduras.
Una terna de jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró culpable de siete delitos de malversación de caudales públicos a la exdirectora de Almacenes de la Secretaría de Salud Pública, Maritza Isabel Ramírez y ordenó de inmediato su encarcelamiento en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Mientras tanto absolvió de toda responsabilidad penal a: Leonor Bonilla Landa y Hernán Gerardo Rodríguez acusadas por supuestas irregularidades en el manejo de medicamentos públicos en perjuicio de la administración pública y la Secretaría de Salud respectivamente.
No así, Cindy Carina Santamaría Hernández fue encontrada culpable por un delito de malversación de caudales públicos, pero los jueces le ratificaron las medidas cautelares a la prisión preventiva y deberán esperar hasta el 13 de septiembre para la individualización de la pena.
El Ministerio Público (MP) acusó ante el máximo tribunal a la exdirectora del Almacén Central de Medicamentos por siete delitos de abuso de autoridad, siete delitos de malversación de caudales públicos, asimismo por el uso de documentación falsa y la sustracción de documentos públicos, pero con el fallo judicial solo quedó presa por siete delitos de malversación de caudales públicos y una multa que oscila entre 350 y 700 mil lempiras.
Los hechos se registraron en los años 2011-2012 durante los cuales se extendieron 10 órdenes de remisión de medicamentos con presuntas adulteraciones dirigidas a las regionales de salud en Trujillo, La Esperanza, Gracias y El Paraíso, actos que resultaron en la extracción ilícita de varios lotes de fármacos del Almacén Central de Medicamentos, ocasionando una pérdida 1,715,058 lempiras al Estado de Honduras.
Según consta en los documentos periciales en fecha 8 de junio del 2012 mediante acta 719-ORD12 se giró desde el almacén una orden de envió de 400,000 tabletas del medicamento Ibersatan hacía el Hospital Salvador Paredes de Trujillo, Colón, de estas según registro de recibo solo fueron entregadas 18,000 tabletas, el resto se presume fueron trasladadas a bodegas particulares, ocasionando un perjuicio al Estado de 934,574 lempiras.
Estos hechos habrían sido respaldados por Ramírez en su condición de directora, a través de alteraciones al contenido de la documentación y por medio de Rodríguez quien se cree realizaba las entregas ilícitas del medicamento actuando al margen de la ley.
Asimismo el 18 de junio del 2012, se registró otra supuesta irregularidad donde mediante orden 871-ORD12 se autorizó la supuesta entrega de un amplio lote de medicamentos al centro hospitalario en La Esperanza, Intibucá valorado en 71,875 lempiras; asimismo en fecha 8 de junio del mismo año a través de orden 695-ORH del Almacén Central de Medicamentos se extrajo 2,000 frascos de Insulina para ser entregados supuestamente al Hospital Gabriela Alvarado de El Paraíso, de dicha acción según reportes solo se recibió 125 frascos el resto se contabiliza en una pérdida 126,740 lempiras para el Estado.
La última irregularidad data de las fechas 20 de abril, 10 y 19 de diciembre del 2012, cuando del almacén el despachador mediante órdenes de remisión 617-ORD12, 1510ORD12 y1862-ORD12 entregó una serie de medicamentos con rumbo supuestamente a Gracias, Lempira a través de la autorización de Ramírez y con la presunta colaboración de Cindy Carina Santamaría Hernández a quien el Ministerio Público le presume responsable por el delito de abuso de autoridad, acción a través de la cual el Estado perdió 581,869 lempiras.
Ocurridos estos hechos se continuó con el proceso de investigación, deduciendo que fueron varios los transportistas quienes a cambio de dinero hicieron el traslado de los medicamentos a varias bodegas clandestinas diseminadas en diversos sectores de la capital, por lo que se procedió al allanamiento de varios de estos bienes e inmuebles.
De estas acciones sobre las bodegas en las que presuntamente se encontraban los fármacos, resultó confiscado un local a nombre de la señora Leonor Bonilla Landa implicada en este caso por el supuesto delito de encubrimiento simple.
El inmueble intervenido se ubica en la colonia Torocagua de Tegucigalpa, cuya escritura pública aparece a nombre de Bonilla Landa quien además es la presidenta del consejo de administración de Corporación Industrial Farmacéutica, SA DE CU (CORINFAR), en dicho sitio fueron confiscadas 100 cajas de medicamentos y una máquina industrial supuestamente utilizada para el envasado de estos.