Tegucigalpa, Honduras.
La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional se apresta en las próximas horas a evaluar a los agentes de policías que permanecieron suspendidos durante cuatros meses, luego de haber sido mencionados en el informe del diario estadounidense The New York Times.
En las últimas horas se venció el plazo de cuatro meses que la Ley Orgánica otorga a la Secretaría de Seguridad para mantener suspendido a un uniformado. En tal sentido, y luego de ser notificados sobre el vencimiento de ese período, los 23 agentes quedaron en manos de la Comisión, la que decidirá si los ratifica o cancela del cuerpo de seguridad.
Los agentes fueron mencionados porque supuestamente participaron en el crimen del zar antidrogas, Julián Arístides Gonzales y del exasesor en materia de seguridad, Alfredo Landaverde.
En las últimas horas trascendió que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había ordenado el reintegro de los agentes, sin embargo, eso fue desmentido por los portavoces del poder del Estado, ya que no existe una acción incoada en torno al tema.
SIN RATIFICAR
El integrante de la Comisión Especial, Omar Rivera, aclaró ayer que “ningún alto oficial o agente de escala básica, señalado de haber participado como autor intelectual o material en la muerte del zar antidrogas, Julián Arístides Gonzales; y el experto en crimen organizado, Alfredo Landaverde; ha sido ratificado o habilitado a continuar en la carrera policial”.
Rivera explicó que “los sospechosos de haber ejecutado estos crímenes estaban suspendidos por 120 días para que las autoridades correspondientes los investigaran…”.
“…finalizado ese plazo, y como no existió acción penal, corresponde administrativamente dar por terminada la suspensión y proceder a que la Comisión Especial los evalúe para determinar su idoneidad para formar parte de la nueva estructura orgánica, en función de información recolectada de diferentes entes contralores del Estado, instituciones operadores de justicia y plataforma de denuncias ciudadanas”.
El depurador especificó que “ninguno de los que aparecieron mencionados en los supuestos informes de inteligencia policial, que fueron hechos públicos por The New York Times, ha sido ratificado en su cargo; ninguno de ellos tiene el visto bueno de la Comisión Especial para seguir en la Policía Nacional”.
Al tiempo, estableció que “nadie tiene el aval para continuar; todos ellos, una vez se les notifique que la suspensión ha concluido, como manda la Ley, serán examinados, y evaluados, y en función de eso se determinará su futuro”.
La Ley Orgánica de la Policía Nacional solamente faculta al secretario de Seguridad a mantener en el estatus de suspendido a un policía, por un período de cuatro meses; una vez acabado ese término, el oficial o agente se reincorpora para ser sometido a la valoración de su perfil, trayectoria, antecedentes y desempeño, dijo Rivera en torno al proceso que sigue.
“No podemos tener suspendidos de por vida a estos sospechosos, hasta que el órgano competente investigue, formule requerimiento fiscal, juzgue y sancione; de haber méritos, ya finalizada la suspensión, nos corresponde tomar en cuenta información clave en nuestro poder para determinar si ese policía señalado es apto para seguir en la institución o no”.