Tegucigalpa, Honduras.
Irregularidades en perjuicio del Estado de Honduras registró la Municipalidad de Guanaja, por un monto de 19.8 millones de lempiras, asegura el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en un comunicado.
La notificación se hizo mediante dos informes que concluyen en las responsabilidades civiles y administrativas, e indicios de responsabilidad penal por una serie de irregularidades encontradas en dicha alcaldía, en el departamento de Islas de la Bahía.
El ente contralor del Estado concluyó una auditoría financiera y de cumplimiento legal a esa corporación municipal, correspondiente al período comprendido del 10 de diciembre de 2008 al 31 de mayo de 2014, producto del cual emitió dos informes, uno de ellos con No. 049-2014-DAM-CFTM-AM-B.
“Se remite el informe que contiene hechos con indicios que podrían ser considerados como responsabilidad penal y cuyas características deben ser evaluadas por la fiscalía para proceder con las acciones conforme lo considere el Ministerio Público”, cita un oficio del TSC, dirigido al fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla.
El expediente que contiene la auditoría se remitió al MP por encontrar ocho indicios de la comisión de delitos en que habrían incurrido exfuncionarios de ese término municipal, y por ser el ente al que le compete ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia.
La auditoría, realizada por la Dirección de Municipalidades del TSC, comprobó que la municipalidad aprobó un descuento del 40 por ciento o más sobre el valor catastral para el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Además, se detectó la ejecución de dos proyectos no aprobados por la corporación municipal y sin existir un contrato que especifique los trabajos a realizar; asimismo se presentó una demanda por incumplimiento de pago, que asciende a 5, 416,135.99 lempiras, interpuesta por la constructora.
El tercer hecho irregular de tipo penal refiere a que no se realizó un procedimiento adecuado para la contratación de 19, 419,789.75 lempiras, de fondos de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, para la construcción de cinco proyectos de obras públicas.
Se autorizó compras directas, omitiendo el procedimiento de licitación pública y privada que, según la Ley de Contratación del Estado, se debió cumplir.
A un día de terminar la gestión municipal, el 24 de enero del 2014 se refinanció un préstamo bancario por 206,247.42 lempiras sin la aprobación de la corporación municipal.
Otros hallazgos consisten en la sustracción de cuatro páginas del libro de actas, se desconoce los puntos tratados en dichos folios; algunas facturas fueron adulteradas y no existe una adecuada regulación en el suministro de combustible e irregularidades en cobros por impuestos municipales.
Por los hechos antes descritos, el TSC concluye que se violentó lo establecido en la Constitución de la República, Ley de Municipalidades, el Código Tributario, Ley de Contratación del Estado, las Disposiciones Generales del Presupuesto, la Ley de Crédito Público y la Ley Orgánica de Presupuesto.
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