Tegucigalpa, Honduras.
El 48 por ciento de los privados de libertad en el sistema penitenciario hondureño se encuentran en situación de condenados, según la información que se desprende del Programa de Auditoría Penitenciaria del Poder Judicial.
Según los datos estadísticos aportados por eta Unidad, a nivel nacional hay 30 Centros Penitenciarios que albergan un total de 17 mil 712 internos, de los que 16,639 son hombres, 887 mujeres, 186 extranjeros, de estos últimos, 166 son del sexo masculino y 20 del femenino.
De este total, 8,606 internos varones y 618 mujeres están en condición jurídica de Procesados. El imputado se convierte en sujeto procesado, cuando hay una resolución judicial llamada Auto de 
Formal Procesamiento, en la que se establecen los indicios fundados de que una persona es posiblemente el responsable del hecho que está siendo juzgado.
En situación jurídica deCondenados se encuentra una población penitenciaria de 8,033 hombres y 269 mujeres a nivel nacional. Una vez presentada la formalización de la acusación por parte del Ministerio Público, la persona procesada es formalmente un Acusado, quien todavía goza de Presunción de Inocencia, pero si llega a presentarse prueba suficiente en su contra, se le considerará culpable y será Condenado por un Tribunal de Sentencia.
De los 186 extranjeros hay 166 hombres internos, 66 son Condenados y 100 Procesados y de las 20 mujeres extranjeras, 13 están en situación jurídica de Condenadas y 7 Procesadas.
Del total de 17,712 reos a nivel nacional, la población penitenciaria más numerosa se encuentra en el Centro Penitenciario Penal de Varones “Marco Aurelio Soto”, ubicado en Támara, Francisco Morazán, con 2,430 Condenados y 2,455 Procesados para un total de 4,885.
En el orden le sigue el Centro Penal de San Pedro Sula, Cortés, con 2,967 varones, de los que 1,221 están condenados y 1,746 están Procesados. En este centro penal hay 129 mujeres en Proceso y 14 Condenadas.
El Programa de Auditoria Penitenciaria del Poder Judicial comenzó su gestión en el año 2006 a iniciativa de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (2002-2009), ante la necesidad de mantener un control de la situación jurídica de cada privado de libertad a nivel nacional, que garantice los principios de transparencia, celeridad procesal, prohibición de doble juzgamiento, la igualdad de los intervinientes, así como el estricto respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.
El Programa de Auditoría Penitenciaria tiene como objetivo conocer la situación jurídica actual de los privados de libertad a nivel nacional, monitoreando el ingreso y egreso de las personas dentro de las cárceles. Además vela por el estricto cumplimiento de la Ejecución de la Pena e identifica qué privados de libertad cumplen con los requisitos para optar a un beneficio legal e informar de manera inmediata a la Coordinación Nacional de Juzgados de Ejecución.