Tegucigalpa, Honduras.
El exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social Mario Zelaya, quien está detenido en Tegucigalpa a causa de un millonario desfalco, fue acusado hoy por los supuestos delitos de almacenamiento de armas y municiones de guerra, informó una fuente judicial.
La Unidad de Apoyo Fiscal de Honduras presentó este lunes un requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, al que pidió que Zelaya sea presentado ante las autoridades judiciales competentes y se le decrete detención judicial, indicó el Ministerio Público en una declaración.
Zelaya es acusado de los delitos de “almacenamiento de armas de guerra, almacenamiento de municiones de guerra y almacenamiento de armas de fuego comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras”, según la Fiscalía hondureña.
De acuerdo con el Ministerio Público, autoridades de Honduras hallaron, en fecha no precisada, armas y municiones de guerra en la bodega de una vivienda en Tegucigalpa propiedad del exdirector del Seguro Social.
Entre las armas halladas figuran un fusil Remington con mira telescópica, un rifle Mauser y otro semiautomático, según la información oficial.
El exdirector del Seguro Social de Honduras podría purgar una pena de hasta 26 años de prisión en caso de ser hallado culpable, señaló el Ministerio Público.
Zelaya es el principal acusado de un millonario saqueo en el Seguro Social y está en prisión en Tegucigalpa junto con dos exviceministros y otras cinco personas, entre ellas el exgerente financiero de la institución José Ramón Bertetty, quien fue condenado en julio pasado por el delito de cohecho.
Bertetty, quien puede enfrentar hasta 7 años de prisión por la compra amañada de 10 ambulancias, fue sin embargo absuelto de otros cargos en su contra: malversación de fondos públicos, fraude y negociaciones incompatibles en funciones públicas.
La Policía Internacional (Interpol) busca desde junio pasado a 18 personas implicadas en el caso del Seguro Social, descubierto en 2014 y por el que han sido acusadas unas 53 personas.
El caso del Seguro Social es uno de los doce que investigan las autoridades de Honduras y que salpican a los últimos tres Gobiernos, a empresarios, políticos y periodistas, entre otros.