Tegucigalpa, Honduras.
La deuda pública de Honduras ronda los 10,200 millones de dólares, indicó este jueves la Secretaría de Finanzas (Sefin), donde se incluye la última colocación de 700 millones de dólares para saldar las deudas atrasadas y onerosas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
En valores porcentuales representa el 49.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aseguró ayer la subsecretaria de Crédito Público, Rocío Tábora, al comentar que los datos son del seis de este mes.
Al desglosar la deuda pública, interna, externa del sector público no financiero dijo que esta anda en 43.6 por ciento del PIB y se incluye la colocación del bono soberano por 700 millones de dólares para la estatal eléctrica.
En moneda nacional y al tipo de cambio vigente, la deuda pública, interna supera los 242 mil millones, un poco más en comparación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de este año aprobado en diciembre por el Congreso Nacional en 228 mil millones.
El monto abarca las deudas de todo el sector público; administración central y desconcentrada, institutos de pensiones, pero explicó que si la medición se hace “por la administración central, esa deuda equivale al 49.1 por ciento en relación al Producto Interno Bruto”.
“Esto sería una suma de 10,200 millones de dólares”, agregó que en comparación con la media de los países vecinos, Honduras se encuentra en un promedio sostenible, tomando en cuenta que el promedio de El Caribe es del 71 por ciento.
Citó el caso de El Salvador que aparece en el primer lugar en endeudamiento con más de 62 por ciento del PIB, mientras que el informe Perfiles Macrofiscales del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) con datos a diciembre del 2016, ubica a Honduras en la segunda posición con un 47.5 por ciento de endeudamiento.
Según este informe Guatemala ocupa la última posición con 24.5 por ciento y el promedio centroamericano fue del 41.4 por ciento del PIB en el 2016.
La funcionaria recalcó que la deuda hondureña es sostenible y se encuentra invertida en proyectos de inversión productiva como obras viales, sistemas de riego necesarios para el desarrollo del país.
La deuda se enmarca en los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal, normativa vigente desde el año pasado y que tiene como propósito controlar las administraciones gubernamentales en materia de gasto.