Tegucigalpa, Honduras.
El número de adolescentes y jóvenes estudiantes muertos a causa de la violencia se ha convertido en una constante durante el año y las cifras más recientes registran 78 casos en que la manera de muerte es homicida y el tipo de arma utilizada en su mayoría es de fuego, según estadísticas del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El informe de la Unidad de Patología Forense: Caracterización de Muertes en Población Estudiantil Pública y Privada del año 2017, el ente estatal registra que los procesos de autopsias sobre este segmento en especial oscilan a las edades entre 11 a 21 años.
Asimismo, la mayoría eran estudiantes que habían concluido la primaria completa y se encontraban en vida cursando la secundaria. En un número considerado concluyeron la secundaria y se encontraban en etapa universitaria. Al menos 22 mujeres y 56 hombres.
El lugar de procedencia de las víctimas es del área urbana y la mitad de estos casos siguen pendientes de investigación.
Tres problemas graves enfrentan varios institutos en la capital: prostitución de menores, venta de drogas y conformación de bandas criminales, como maras y pandillas, que siembran la violencia en los colegios y cuyo problema se le ha ido de las manos a los profesores, según un informe en manos de un colectivo de agencias de seguridad del Estado.
Un equipo especial de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), da seguimiento a estos casos y sobre las recientes cuatro muertes de estudiantes y el apuñalamiento de una alumna del Instituto “Jesús Aguilar Paz”, en Comayagüela, acontecidos el presente mes.
La situación vivida en los últimos días en el Instituto Central “Vicente Cáceres”, generó pánico, al grado que los padres de familia llegaban al colegio acompañando a sus hijos, tras la muerte de dos estudiantes que aparecieron “embolsados”, en diferentes hechos. De acuerdo a las hipótesis, las pandillas desde afuera están ejerciendo su control en los colegios para lograr que los menores de edad participen en la distribución de drogas, el sicariato, la extorsión y la prostitución.
No es ninguna casualidad que la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) registre un creciente número de alumnos, detenidos por su presunta participación en la extorsión.
La decisión inmediata de las autoridades fue enviar a los militares de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) al Instituto Central. Sin embargo, esa antañona institución no es la única que enfrenta la inseguridad.
Según autoridades educativas hay una estrategia de seguridad para alrededor de 50 centros de enseñanza pública de mayor exposición a la delincuencia y se implementan estrategias eficaces junto a los órganos de seguridad para reducir los índices de riesgo y consecuencias mortales.