San Pedro Sula, Honduras.
Hasta el viernes 31 de julio a la 1:30 pm se sabrá si el exalcalde de San Pedro Sula Rodolfo Padilla Sunseri será declarado culpable o inocente de los cargos que se le imputan.
El juicio oral y público que se le sigue al militante del partido Libertad y Refundación (Libre) y tres exfuncionarios municipales finalizó ayer con las conclusiones de los agentes fiscales y los abogados defensores.
La Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública presentó acusación contra Padilla Sunseri por presunta malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
También está enjuiciado por abuso de autoridad, malversación de caudales, falsificación de documentos públicos y sustracción de documentos públicos Luis Alonso López Euceda, quien fungió como auditor interno en la comuna sampedrana.
El extesorero municipal Marco Antonio Bermúdez Wills está acusado por malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos. Serapio Umanzor Díaz, exdirector de Estrategias y Comunicaciones enfrenta los cargos de malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.
Requerimiento
Según la acusación que incoó el Ministerio Público contra los ahora encartados, malversaron L4.2 millones al elaborar varios contratos para la limpieza vial de San Pedro Sula.
Dichos contratos fueron pagados en nueve cheques, dos emitidos a nombre de Umanzor Díaz y siete a Bermúdez Wills, que fueron cobrados por terceras personas y depositados a las cuentas bancarias de los imputados en mención, según la Fiscalía.
Durante la audiencia de debate la Fiscalía señaló que siete cheques fueron firmados por Padilla Sunseri en su administración y dos por el vicealcalde Eduardo Bueso.
Según las declaraciones que los testigos rindieron ante el tribunal, a ellos les ofrecieron un trabajo de medio tiempo en la Municipalidad, dieron sus cédulas de identidad, firmaron los contratos, pero el empleo nunca llegó.
Conclusiones
El Ministerio Público concluyó pidiendo a los juzgadores una sentencia condenatoria para los enjuiciados. Mientras, el abogado Ramón Barrios, defensor de Serapio Umanzor, manifestó que su cliente está siendo doblemente juzgado, ya que en 2010 fue declarado culpable por malversación de caudales públicos durante fungió en el mismo cargo en la administración de Óscar Kilgore.
Umanzor se sometió a un procedimiento abreviado y aceptó que cometió el delito. Barrios alegó que los cargos que la Fiscalía le imputa son los mismos del primer requerimiento por el que ya fue sentenciado.
René Altamirano, apoderado legal de Rodolfo Padilla, dijo que su representado no puede ser declarado culpable. Argumentó que la auditoría presentada en juicio por la Fiscalía no es creíble debido a que la persona que la hizo no es auditor y la perito en documentología no es experta.
Los abogados Luis Molina y Edwin Mejía, defensores de Luis Alonso López y Marco Bermúdez, pidieron que a sus clientes les fuera declarada una sentencia absolutoria debido que los medios probatorios carecen de fundamento.