Tegucigalpa, Honduras.
Más de 15 horas duró ayer el proceso de secuestro de expedientes por parte del Ministerio Público (MP), a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en las diferentes instalaciones de la Secretaría de Seguridad, en busca de expedientes de los miembros de la Policía Nacional que fueron denunciados ante ese ente operador de justicia, porque supuestamente cometieron hechos al margen de la ley.
Alrededor de las 9:00 de la mañana, justo después que el MP emitiera un comunicado en el que explicaba que solo tenía en su poder copias de expedientes de los investigados, comenzó el arribo de los investigadores a las diferentes oficinas de la Secretaría de Seguridad, ubicadas en las antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía (Anapo), el cuartel general de Casamata, en el barrio del mismo nombre, y el Comando de Apoyo Logístico Policial (Calpo), donde funciona el Archivo General de la Policía.
La misión era encontrar 66 expedientes originales de un total de 562 policías que supuestamente cometieron actos ilícitos.
El secuestro de la documentación se produjo en atención a lo ya establecido en el Código Procesal Penal, en su artículo 217 y 24 horas después de haber sido enviada la solicitud por parte de la Fiscalía, el pasado 29 de agosto por parte del director de fiscales, Arturo Duarte.
PENDIENTES
El viceministro de la Secretaría de Seguridad, Salvador Valeriano, manifestó que “es un trabajo que están haciendo ellos -ATIC- como operadores de justicia y que garantizan que todas las acciones que se están realizando tienen que ver con investigaciones pendientes, es normal que se estén realizando este tipo de actividades”.
Al mismo tiempo, indicó que ellos están abiertos a colaborar para que se efectúen las investigaciones de la manera más transparente posible.
Fuentes de entero crédito de la Secretaría de Seguridad indicaron que la nota enviada por la Fiscalía solicitaba que fueran entregados los documentos originales de los expedientes, para que pudiesen empezar los procesos investigativos y así lo constata el comunicado enviado ayer, en el que se especifica que solamente recibieron fotocopias de expedientes administrativos, denuncias de incremento patrimonial y anónimas.
La intervención se produjo a pocas horas que la Secretaría General de la Seguridad entregara un pliego de documentos de algunos de los elementos policiales investigados, pero que de acuerdo a fuente de entero crédito de la Fiscalía, no cumplían los requerimientos suficientes para iniciar un proceso investigativo.
El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, apuntó que, “la búsqueda de documentos originales para entregarlos al Ministerio Público y someterlos al análisis respectivo, se trata del secuestro de los expedientes que ya remitió la Comisión Especial de Depuración”.
ABIERTOS A ENTREGA
El director de la ATIC, Ricardo Castro, y el director de la Policía Nacional, comisionado Félix Villanueva, se mantuvieron en constante comunicación para delinear el proceso a seguir en el secuestro de la información requerida.
El director de Operaciones de la Policía Nacional, comisionado Héctor Iván Mejía, explicó que, “el Ministerio Público y sus agentes andan haciendo una investigación que precisamente fue solicitada por la Comisión Depuradora cuando les entregó algunos expedientes, entonces es obligación de ellos ir a la Policía a pedir los expedientes, revisarlos, tomar los datos que se necesiten, porque se les mandó copias y ellos necesitan verificar que la información que ellos recibieron sea consecuente”.
Mejía aclaró que no se trata de ninguna intervención, en cambio son diligencias investigativas y que ellos como Policía Nacional y Secretaría de Seguridad, “estamos abiertos a cualquier tipo de investigaciones, de hecho somos la primera institución que hemos tenido el interés porque sean revisadas las hojas de servicio de los miembros de la Policía Nacional. para que se pueda cumplir el anhelado proceso de reestructuración”.
Consideró que la solicitud de información por parte del MP sirve para que en un futuro no se diga que ese ente operador no ha actuado aduciendo falta de investigación.
El director de Operaciones agregó que, el proceso es el normal, porque la Fiscalía requiere documentos originales, ya que en el caso de verificarse la existencia de un delito ningún tribunal aceptaría una fotocopia como medida de prueba.
La Comisión Especial entregó el pasado 26 de agosto los 66 expedientes al Ministerio Público, conteniendo las fotocopias de la información. Respecto a por qué no enviaron los originales, uno de los depuradores expresó que ellos no están autorizados a sacar documentación original y que ese proceso solo les compete a las autoridades de la Secretaría de Seguridad.
COMUNICADO
MP afirma haber recibido información incompleta
El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado a las 7:00 de la mañana de ayer, en el cual se explica el proceso que se siguió luego de la entrega de expedientes de policías que supuestamente están vinculados a la comisión de hechos delincuenciales.
1. Que el Módulo de Recepción de Denuncias (MRD) del Ministerio Público recibió de parte del secretario de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, 66 expedientes con denuncias para 562 miembros de la Policía, con la siguiente información:
a) Fotocopias de expedientes administrativos contentivos de historial académico, condición física, reconocimientos, condecoraciones, pruebas físicas, psicométricas, poligráficas, de altos oficiales de la Policía.
b) Fotocopias de denuncias de supuestos actos de incremento patrimonial de varios oficiales de Policía, para que a partir de la misma el Ministerio Público proceda a la búsqueda de los bienes o activos que hubieran incorporado de manera ilícita a sus respectivos patrimonios.
c) Fotocopias de denuncias anónimas recibidas por correo electrónico y la aplicación electrónica creada para tal efecto por la Comisión Especial, para que el Ministerio Público pueda a partir de estas denuncias, recopilar indicios y pruebas que puedan sustentar las mismas, individualizar a los denunciados y los hechos imputables.
2. Que el pasado lunes 29 de agosto se requirió al titular de la Secretaría de Seguridad en su doble condición como ministro y como miembro de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, para los efectos de remitir la documentación original correspondiente a las copias arriba descritas con las que se respaldarán las denuncias.
3. Que en atención al requerimiento enviado al secretario de Seguridad en fecha 29 de agosto se recibió un complemento de información la cual es incompleta y corresponde a un porcentaje mínimo del total de los expedientes.
4. Que como parte de sus acciones compete al Ministerio Público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, bajo los principios de objetividad y unidad de actuaciones.
5. Por la complejidad y diversidad de los hechos denunciados, la Fiscalía General de la República ha conformado un equipo especial de trabajo, integrado por fiscales de distintas especialidades, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Medicina Forense y personal técnico, para que, bajo el liderazgo de la Dirección General de Fiscalía, realicen las investigaciones conducentes a establecer la veracidad de los hechos denunciados, la existencia de delito y la responsabilidad de los denunciados. Asimismo y oportunamente, dentro de un plazo razonable, se tomen las decisiones o presenten las acciones a que hubiere lugar.
6. Finalmente, el Ministerio Público reitera su compromiso de cumplir fielmente con los fines y objetivos para los cuales fue creado: Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; y garantiza y velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes.
REACCIÓN
Comisión Especial: No somos investigadores
El integrante de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, manifestó ayer que “en este caso de la corrupción policial, nosotros como miembros de la Comisión Especial, remitimos al fiscal general del Estado, información clave suministrada por entes contralores del Estado, instituciones operadoras de justicia, organismos policiales y denuncias ciudadanas que debe ser validada, valorada y utilizada pertinentemente por las diferentes unidades del Ministerio Público (MP)”.
Es el Ministerio Público “la institución que constitucionalmente está obligada a defender los intereses de la población” y que “en consecuencia debe poner especial empeño en investigar científicamente los delitos cometidos por ciudadanos comunes, por quienes tienen autoridad y forman parte de la administración pública”, justificó.
Especificó que ellos como Comisión “cumplen a cabalidad con la responsabilidad delegada por el Presidente de la República de remitir al MP y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito, de acuerdo a las disposiciones contendidas en el decreto legislativo 21-2016 que declara situación de emergencia por seguridad”.
Al mismo tiempo, aclaró que ellos como depuradores, “no somos investigadores criminales, fiscales especiales y mucho menos jueces o magistrados, como para ejecutar una pesquisa oficial, presentar un requerimiento fiscal, judicializar un caso o sancionar a un delincuente, criminal o corrupto”.
El también dirigente de sociedad civil aclaró que “nuestra responsabilidad se circunscribe a ejercer una acción administrativa para excluir de la carrera policial a los oficiales y agentes que no son idóneos, y remitir -en el caso que corresponda- la documentación sobre indicios de supuestos delitos cometidos por integrantes de la Policía Nacional”.
Rivera aplaudió la valentía del fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, de conformar un equipo de trabajo para “enfrentar el desafío de procesar la valiosa información que la Comisión Especial ha remitido; creo que especialmente de los expertos en combatir la corrupción estatal, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, crimen organizado, extorsión y delitos contra la vida, deben escoger los casos más relevantes y actuar, sin demora, con sentido de urgencia que esta emergencia amerita”. Y agregó que están a la espera de se den resultados a corto plazo.