Tegucigalpa, Honduras.
Una compra millonaria de zapatos para niños a través del Programa de Asignación Familiar (PRAF) de Honduras salpica al despacho de la primera dama durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), Rosa Elena Bonilla, informaron hoy fuentes oficiales.
Según un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) enviado al Ministerio Público, el PRAF, atendiendo una solicitud del despacho de Bonilla, habría hecho una compra de zapatos para niños de escuelas públicas por un monto de 7,7 millones de lempiras (unos 348.000 dólares).
Al parecer, según el TSC, la compra habría omitido varias disposiciones generales del presupuesto, como la realización de un licitación pública, debido a que únicamente fueron hechas tres cotizaciones de precios.
Según el tribunal, hay “indicios de responsabilidad penal” en la compra del calzado, que se habría hecho entre enero de 2010 y diciembre de 2012.
El despacho de la entonces primera dama, al adquirir el calzado, no verificó que sus proveedores estuvieran inscritos en las diferentes instituciones que estipula la ley, como Alcaldía Municipal, Cámara de Comercio e Industrias, Dirección Ejecutiva de Ingresos y Oficina Normativa de Contratación del Estado.
Tampoco se obtuvo por parte de las autoridades del despacho de Bonilla la documentación que evidencia la entrega del calzado a los niños y niñas del país, por lo que se desconoce si las compras llegaron a los beneficiarios, añade el informe.
El TSC indicó que algunos centros educativos confirmaron que recibieron la donación de calzado, pero no presentaron ningún tipo de documentación, mientras que otros indicaron que “no recibieron la donación”.
Entre otras irregularidades, el organismo también habría constatado la alteración en algunos documentos que soportan el pago.
Según las autoridades, se habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en los procesos de adquisición, pago, recepción y distribución de algunas compras.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a periodistas que el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, recibió el informe del TSC y que se ha abierto una investigación.
La información fue remitida a la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, añadió Mora.
La exprimera dama, por su parte, dijo escuetamente que ella no ejerció como funcionaria ni manejó recursos públicos.
Agregó que el programa de entrega de calzado a niños de escuelas públicas lo manejaba el PRAF y que está a disposición de las autoridades para cualquier investigación.
Este caso trasciende justo cuando el movimiento “Oposición Indignada” exige en Honduras el cese de la corrupción y la impunidad a raíz de un millonario desfalco descubierto en 2014 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Los indignados exigen además la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih).