El revuelo, la tensión y el caos que el discurso y las acciones ejecutivas de Donald Trump han provocado en el país han dado pie a que entre sus críticos comiencen a aflorar las menciones a un posible ‘impeachment’, el proceso de destitución de un presidente de Estados Unidos.
Es un mecanismo, cuya facultad corresponde al Congreso, que es ciertamente posible, pero muy rara vez se ha iniciado en contra de un presidente y nunca ha prosperado legislativamente. Solo Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998 fueron sometidos a un proceso de ‘impeachment’ en el Congreso, pero ambos al final fueron hallados no culpables y permanecieron en el cargo. Richard Nixon enfrentó la posibilidad de encarar un proceso de destitución, pero en su caso el asunto nunca llegó a ser presentado formalmente a votación, pues él renunció antes a la presidencia.
Por ello, aunque existen precedentes, hasta el momento resulta improbable que Trump llegue a ser sometido a un proceso de este tipo, y es aún más improbable que llegase a ser en efecto destituido.
La primera razón de ello se origina en que, aunque Trump ha concitado enorme oposición y rechazo en amplios núcleos sociales y muchas de sus políticas han sido vistas como nocivas para el país (la administración y los seguidores del presidente, en cambio, opinan lo contrario), todo ello no configuraría aún una causa para emprender un proceso de ‘impeachment’. La propia líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una de las principales figuras de la oposición partidista a Trump, ha dicho que el presidente no ha actuado de modo que se justifique un proceso de destitución, pero que si viola la ley sí procedería con ello, de acuerdo a la cadena CNN. Trump se habría comportado, según Pelosi, de modo “estratégicamente incoherente”, lo que es “incompetente y descuidado”, pero “no es base para el ‘impeachment’”.
Otras voces más contestatarias, como la representante demócrata Maxine Waters, han dicho que lo desean, y clarificó que no está pidiendo que eso suceda sino que el propio presidente “lo está haciendo él mismo”.
Los críticos del nuevo presidente además señalan que no estaría solo en terreno legal movedizo a causa de sus decisiones y decretos polémicos (que podrían ser hallados inconstitucionales) sino por varios factores implícitos al propio Trump. Por ejemplo, como se comenta en The Hill, porque al mantener relaciones con sus empresas y obtener ganancia de ellas, Trump estaría en violación de cláusulas de varias leyes que buscan prevenir conflictos de interés o subordinamientos impropios de funcionarios públicos.
Así, muchos opositores de Trump alegan con fuerza creciente que hay fundamento para someter a Trump a un ‘impeachment’, pero sin que se dé un paso formal al respecto en la Cámara de Representantes, con la acción específica de uno o varios legisladores para pedir que se inicie una investigación legislativa formal, el asunto no prosperará. La Casa Blanca, por su parte, ha rechazado que tales afirmaciones tengan validez.
Sea como sea, aunque alguien decidiera iniciar formalmente el proceso, el hecho de que el Congreso se encuentre bajo control de la mayoría republicana vuelve al asunto prácticamente estéril de entrada, pues los cargos para la destitución deben ser aprobados primero en la Cámara de Representantes (tanto al nivel de comité para determinar si hay causa posible para proceder al respecto como, en su caso, en su posterior votación en el pleno) y luego el Senado debe hallar válidas las acusaciones y ratificarlas con el voto de sus dos terceras partes.
Ciertamente se crearía ruido y simbólicamente sería un revés para Trump si en el Congreso se comenzara un ‘impeachment’, pero salvo que una cantidad sustantiva de representantes y senadores republicanos le dieran la espalda –y hasta ahora no hay señales de que eso vaya a suceder– el proceso de destitución contra el presidente sería infructuoso. Ni siquiera habría hasta el momento, como se infiere de lo dicho por Pelosi, intención oficial entre los demócratas para intentarlo.
Las tensiones que se registran a escala nacional son intensas y en ese contexto muchos ven el ‘impeachment’ como una vía. Según una encuesta de Public Policy Polling, 40% de los encuestados quieren que Trump sea sometido a un proceso de destitución. Una cifra importante, si bien son más (48%) los que se oponen a ello.
Aunque es una posibilidad en el aire, no tendría actualmente basamento ni peso político suficiente para prosperar, incluso en su mero planteamiento formal en la Cámara de Representantes. Pero como algunos han especulado, eso podría cambiar.FiveThirtyEight, por ejemplo, realizó un curioso repaso a los múltiples escenarios probables que podrían darse en la presidencia de Trump, desde quienes miran su éxito deslumbrante hasta los que pintan su ruina calamitosa.
Se trata de un ejercicio hipotético pero ese mismo portal alerta que los supuestos en los que se desataría una destitución o renuncia del presidente –que aunque a multitudes no les gusta fue democráticamente electo– tendrían su lado ominoso, pues implicarían también que el país llegue a una indeseable crisis constitucional, socioeconómica o de conflicto mayor.
El panorama actual es muy incierto, con fuertes tensiones y polémicas, y nadie puede pronosticar con plena seguridad cuál será el saldo futuro de los desencuentros de Trump con amplias capas de la sociedad y sus estamentos políticos. Además, su presidencia apenas comienza y por ende mucho queda aún por suceder y sopesar en pro y en contra. Lo que sí es claro es que la democracia, la institucionalidad y la legalidad deben prevalecer por encima de obstinaciones autoritarias y animadversiones partidarias.